Los dueños del complejo de apartamentos Porto Bello, ubicado en Puerto Rico (Gran Canaria), demandan al Gobierno de Canarias cerca de un millón de euros por los destrozos ocasionados por los menores inmigrantes alojados allí durante meses, además de por una revuelta liderada por un joven marroquí en la que destrozaron puertas, ventanas, muebles y electrodomésticos, además de vigas, de enganches o de tomas de luz, señala la Fiscalía en su escrito.Asimismo, detalla que los menores lanzaron objetos como microondas, sillas o mesas, por los balcones
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