La investigación se ocupa, en concreto, de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas para el colectivo de función pública, y abusos en el ejercicio de su función; también, cuando aparecen en concurso con alguno de ellos, de los delitos de tráfico de influencias y de fraude y exacción ilegal.
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