Los acusados denuncian un juicio político, una investigación sesgada y falta de pruebas. La fiscalía ha convertido hechos triviales y cotidianos en delitos graves. Califica como “prueba” las prácticas digitales de los acusados y, sobre todo, el uso de sistemas de mensajería cifrados. Es una ficción de “clandestinidad” que, a su vez, “demuestra” la existencia de un “plan terrorista”, aunque la policía reconoce que tras diez meses de vigilancia intensiva no ha identificado ningún plan preciso.
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