El juzgado de Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) tiene muy adelantadas las pesquisas sobre la investigación abierta a determinados contratos audiovisuales de la extinta Canal 9, la televisión pública valencia que cerró el PP de manera abrupta en 2013 con una agujero superior a los 1.300 millones de euros y que acabó con más de 1.600 empleados en la calle.
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