Alrededor del 60% de los delitos cometidos por pasajeros disruptivos en un vuelo quedan impunes. Ahora, las naciones tendrán el poder de enjuiciar a cualquier pasajero –sin importar su nacionalidad-, otorgando mayores mecanismos legales, enfrentando prisión en un país extranjero y concediendo mayor certidumbre de que el presunto culpable podría recibir una condena y consecuentemente, estar obligado a enfrentar cualquier tipo de indemnización.
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