Los casos de corrupción desangran a la clase política y empresarial, elevando los índices de preocupación en la ciudadanía. Cerca de 1.700 investigaciones judiciales están abiertas, en las que están imputados 500 dirigentes políticos. La Fiscalía, que ha recibido el doble de denuncias en un solo años, reclama más medios legales, materiales y humanos.
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