En 2023 está previsto que entre en vigor de la nueva Ley europea de debida diligencia en la cadena de suministro para prevenir las violaciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental. La normativa se aplicará en todos los países europeos y obligará a realizar controles estrictos. Así, se explica en el tema de portada de revista de Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC del mes de julio, en el que se explica que la crisis provocada por el Covid-19 supuso el espaldarazo definitivo a la importancia de la inversión ESG a escala global.
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