el Gobierno ha regalado una tregua a la banca por la que obliga de facto a los usuarios a paralizar hasta cuatro meses la interposición de demandas judiciales para reclamar su dinero. Si acuden a los tribunales antes de someterse al procedimiento judicial establecido en el real decreto-ley vigente desde el pasado sábado, corren el riesgo de que los bancos acepten devolverles todo el dinero antes del juicio y se libren de las condenas en costas, por lo que los usuarios tendrían que asumir los gastos de abogado y procurador.
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