Estamos tan absorbidos por la guerra de trincheras pop que se nos ha olvidado lo más importante. Me refiero a la obligación de articular un modelo de contratación para las fiestas que impida que se perpetúen este tipo de polémicas veraniegas, con el riesgo de que se incumplan contratos y de que los ayuntamientos tengan gastos extra innecesarios, desde perder el depósito pagado al artista que se veta hasta vernos obligados a desembolsar una suma por encima del mercado para contratar un sustituto de última hora.
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