El Gobierno foral ya había barajado la posibilidad de incluir estas dos restricciones en la orden foral que entró en vigor la semana pasada, pero finalmente se descartaron por tratarse de cuestiones que trascienden las competencias forales, con lo que existía un riego elevado de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) no las avalara. Por ello finalmente se optó por dejarlo en recomendación. Ahora, con la garantía jurídica que otorga el estado de alarma, el Ejecutivo navarro las ha aplica con carácter obligatorio
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