La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Serra, Loza, Todó y otros 12 exdirectivos de CatalunyaCaixa por un presunto delito continuado de administración desleal por haber llevado a cabo “una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” basada en expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia. Se habrían llegado a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.
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