Esta ley tiene como objetivo principal poner fin a las malas prácticas que han afectado a la gestión sanitaria en España “consagrando la supremacía de la gestión pública en nuestro Sistema Nacional de Salud y revertiendo los pésimos efectos de la modificación de la ley 15/97 que sólo ha deteriorado nuestra sanidad vendiéndola al peor postor”.
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