Es una operación con aristas que fuentes cercanas al área económica del Gobierno admiten que se está estudiando. Supondría que el Estado, a través de un fondo SEPI, entrara a formar parte, como accionista, en el control efectivo de la compañía para que las autoridades comunitarias no consideraran a la firma como foránea y le siguieran permitiendo operar como hasta ahora.
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