Diez años después, la doctrina Fabra, que consistió en apartar de la primera línea a responsables políticos que resultaran imputados por casos de corrupción con independencia de lo avanzado de la investigación judicial, ha quedado definitivamente enterrada. Las nuevas líneas rojas son aquellas que marcan los estatutos, es decir, una sentencia condenatoria. Mientras tanto, primará la defensa de la presunción de inocencia, lo que implica que, en principio, quienes quedan salpicados por asuntos turbios podrán continuar en sus cargos.
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