Los hechos probados certifican que la denunciante era inquilina de un apartamento desde el mes de octubre de 2021, cuya casera era la mujer condenada. Pero fue desde marzo de 2023, tras recibir una carta certificada de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago directo a la misma por una deuda de la propietaria, cuando cambió la situación.
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