Se ha aprobado hace unos meses en el Congreso de diputados, a iniciativa del Gobierno actual, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, por la que se prohíbe a todos los poderes públicos, incluida la Administración de Justicia, el evaluar la existencia de la alienación parental que puedan estar sufriendo los niños en cualquier contexto. He esperado varios meses a que dicho párrafo se utilice en algunos procedimientos judiciales de familia para escribir este artículo.
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