El PP, el único grupo que votó en contra de la toma en consideración de la ley presentada por el PSOE en junio pasado, ha provocado el debate de enmiendas totales con una propuesta alternativa que niega el propio derecho a morir y no resuelve la cuestión de fondo: el derecho a decidir el final de la propia vida y las penas de cárcel aún previstas para los profesionales que se impliquen en la asistencia en los últimos momentos vitales. Es decir, despenalizar a quienes "causen con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor [...]"
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