Con la Constitución española de 1978 es imposible que se pueda aprobar una ley de educación por consenso. No se ha aprobado ninguna de esta manera, no por casualidad, sino porque la Constitución no lo permite. Esta imposibilidad de alcanzar un consenso se ha ido haciendo progresivamente más visible con la aprobación de cada una de las nuevas leyes. La última siempre ha sido más conflictiva que la anterior.
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