En la denuncia, el ministerio público afirma que la compañía no cumple con la normativa dictada tras las diferentes sentencias judiciales en las que se confirmaba que los repartidores son falsos autónomos, condición con la que la compañía se ahorraba dinero a costa de los riders y con la que se “menoscaba y suprime” los derechos de los trabajadores.
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