Solicita información de los secretarios generales del gobierno regional en 2001 para citarles como testigos por esta operación del Canal de Isabel II. El magistrado continúa con las pesquisas en la pieza número 1 de la trama con el fin de averiguar cual era la verdadera información que disponía el gobierno de Gallardón de la operativa, la cual costó 73 millones de euros a la empresa pública de aguas y estuvo, según denuncia la Fiscalía, plagada de irregularidades.
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