Las secuelas físicas y psíquicas de una drogodependencia de larga duración pueden justificar una incapacidad absoluta para realizar cualquier tipo de trabajo. Incluso cuando el enfermo se haya negado a intentar rehabilitarse. Así lo determina una reciente sentencia del Juzgado de lo Social n.º 9 Las Palmas, que, rectificando al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), concede una pensión vitalicia de 1.580 euros mensuales a un trabajador adicto a la cocaína que fue despedido por este motivo
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