Las sentencias del alto tribunal vasco, que anulan la externalización del servicio aprobada en dos ayuntamientos vascos, extenderán sus efectos a todos los consistorios vascos que habían privatizado su Inspección Tributaria. El Tribunal Superior de Justicia vasco resuelve a favor de la Abogacía del Estado al subrayar que "malamente se puede asignar esas funciones a empresas o agentes externos a la Administración tributaria sin invadir las competencias reservadas a sus inspectores".
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