Fuentes del caso sostienen que la empresa pública comercializadora de armas era “un nido de corrupción sin control con la garantía del Estado” que actuaba “en el ámbito de la comisión”. En el caso del contrato con Angola, que destapó el escándalo, la pública DEFEX, en colaboración con Comercial Cueto, aprobaron vender armas por 152.9 millones, pero llegaron equipamientos valorados en poco más de 50. Los más de 100 millones restantes se los repartieron, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España.
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