Antes del paso por el ministerio de Justicia del más desvergonzado de los políticos españoles [A. R. Gallardón], los partidos se repartían el 80% de los jueces; después, el 100%. Todo lo que no sea revertir ese camino de corromper la justicia para garantizar la impunidad delictiva de la clase política es condenar al sistema democrático a morir de descrédito. Pero ni PP ni PSOE, ni solos ni en compañía de otros, están dispuestos a fingir siquiera que lo intentan.
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