Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la filial de ACS que inyectó en el Castor el gas que provocó más de 500 terremotos, declarará este lunes como imputado por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. El juez acusa a todo el consejo de esta sociedad de no suspender las operaciones pese a la cadena de seísmos que se produjeron a partir del 11 de septiembre de 2013.
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