Los datos son elocuentes: en el 2015 hubo cinco veces más sentencias condenatorias que en 2011, año en el que ETA abandonó la lucha armada. Parece evidente que nos encontramos frente al mayor despliegue de represión y criminalización de las últimas décadas por parte del Estado. Una ofensiva en la que cabe señalar como responsables a tres grandes instancias: el Gobierno, la legislación y una parte de la judicatura.
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