Así según la propuesta, el CatSalut (el ente gestor de la sanidad pública catalana) podrá "autorizar el uso de bienes inmuebles de su patrimonio, ya sean propios o adscritos, vinculados a la prestación de servicios de salud para las entidades proveedoras de servicios sanitarios, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red pública de salud".
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