La propietaria de los inmuebles, Encasa Cibeles, multiplicó por diez sus beneficios en 2018 y ya ha revendido algunas de esas viviendas. Estudiará "una reclamación de responsabilidad patrimonial" contra la Comunidad de Madrid si una sentencia firme acaba anulando la operación que hizo en 2013 el Gobierno de Ignacio González. Argumenta que en ese "escenario hipotético", la irregularidad de la adjudicación sería "imputable exclusivamente" al Gobierno madrileño.
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