Tras asumir los indultos a los líderes del procès y la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación dentro de la hoja de ruta de distensión con Catalunya, el Gobierno no quiere ni oír hablar en plena precampaña de nuevas cesiones al independentismo. Y mucho menos si tienen que ver con el referéndum de autodeterminación que continúa exigiendo la Generalitat y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre rechazó de plano.
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