La propuesta la encabeza el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ya desde su etapa como presidente de la AIReF viene realizando estudios en ese sentido. Podemos ya abogaba por esta opción cuando se encontraba fuera del Ejecutivo. Este tipo de productos financieros suponen un coste de 1.643 millones de euros al Estado, es regresivo, favorece en mayor medida a las rentas altas y está mal diseñado, según la propuesta.
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