El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha comprometido con el Gobierno del Principado a buscar vías para regularizar la situación de la regasificadora de Gijón, paralizada por orden judicial tras una inversión de unos 360 millones de euros, por vulnerar su construcción la normativa vigente entonces. El Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad de la regasificadora ya que en el momento del inicio del procedimiento administrativo para su construcción incumplía una norma entonces vigente que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2km.
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