Las centrales "utilizan un combustible que se convierte en un residuo de alta actividad y muy larga vida, del que es imposible precisar el coste de su gestión. Si bien "los titulares de las centrales pagan a la empresa pública Enresa una prestación patrimonial destinada a la financiación de la gestión de estos residuos y el desmantelamiento de las centrales", esa falta de experiencia "hace que sea el Estado el que, finalmente, haya de asumir las incertidumbres económicas existentes en relación con el coste final de su gestión".
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