Si el partido de Rivera pide su cabeza, la formación regional resistirá explicando que a Pedro Antonio Sánchez no se le acusa de ningún delito de corrupción. Cuando la polémica salte a la sede nacional conservadora, se argumentará que es un tema que se circunscribe al ámbito autonómico. Para evitar su expulsión, la estrategia de defensa es que no se puede aplicar el articulo 93 del acuerdo con Ciudadanos porque no está imputado formalmente y, si lo estuviera, señalar que no es ni del Gobierno ni parlamentario nacional.
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