Cada trimestre, las subastas eléctricas se convertían en un nido de especulación financiera y manipulación de precios que luego se trasladaban al recibo de la luz. Entre 2008 y 2013, este sistema cargó al bolsillo de los consumidores domésticos un sobrecoste de 2.000 millones. En diciembre de 2013, el Ministerio de Industria y Energía tuvo que fulminar de forma urgente el sistema de subastas eléctricas que en los últimos años había servido para fijar los precios de la parte no regulada del recibo de la luz.
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