El fiscal del caso de la venta de 2.935 viviendas sociales del IVIMA a un fondo buitre ha pedido que se prorrogue la instrucción del procedimiento judicial durante otros 18 meses, ya que el plazo fijado está próximo a expirar y aún el juez no ha recibido el informe que pidió a la Agencia Tributaria de Madrid, que dirige Raquel Catalá Polo, hermana del ministro de Justicia.
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