La Comision Europea defiende que son "víctimas", mientras el Gobierno español nunca les ha concedido ese reconocimiento.Les recomienda denunciar su indefensión ante el Tribunal de Estrasburgo, ya que en España el 95% de las demandas son archivadas. Los hechos no están amparados por la Directiva europea contra el tráfico de seres humanos porque sucedieron antes de que España la firmara, en 2013.
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