ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 de euros al año en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función de la ley para su financiación.
|
etiquetas: seguridad privada , partidos políticos , subvenciones 
