España es el Estado más retrasado de la UE en la gestión de los fondos de cohesión correspondientes al presupuesto comunitario 2014-2020, lo que ha llevado a que a día de hoy aún queden 18.400 millones (sobre un total de 39.927) pendientes de ejecutar por parte de las empresas españolas, a pesar de que el presupuesto terminó el 31 de diciembre. De ellos, 15.600 millones incumben a proyectos ya puestos en marcha -la mayoría en los dos últimos año-, que todavía no han finalizado y, por tanto, Bruselas no los ha pagado.
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