Algunos de los mayores grupos energéticos de nuestro país han llamado a la puerta de grandes despachos de abogados para encontrar nuevas fórmulas que les permitan flexibilizar los contratos a precio fijo. Es decir, encontrar un resquicio legal que impida que estas compañías se pillen los dedos con acuerdos de venta a plazo, en previsión a que el Gobierno acometa nuevos giros normativos
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