El área seguirá en pie hasta que se pronuncie el Supremo. Aún no se sabe si el Ayuntamiento recurrirá, aunque ha garantizado su compromiso con la "sostenibilidad ambiental". Al no ser sentencias firmes, el Consistorio aún no está obligado ni a desmantelar el área ni a devolver las multas, cifradas en más de 36 millones de euros.
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