El juez García Castellón y la Fiscalía apuntan a que Susana García Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández Aumente -presidenta, consejero delegado y asesor externo de Seguridad del grupo inmobiliario Procisa-, propietarios de la urbanización de lujo y parque empresarial La Finca (Madrid), contrataron al comisario José Villarejo, entonces en activo, para influir en la justicia por un pleito de 34 millones de euros que haría quebrar la empresa.
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