El caso Volkswagen no sólo afecta a la responsabilidad jurídica de la empresa, que ha sido capaz de operar un fraude masivo jugando con la salud de los ciudadanos y con los derechos de los consumidores, sino que señala directamente a la Comisión Europea, quien sabía desde 2011 y de primera mano que los controles a las emisiones de los coches de Volkswagen no mostraban cifras fiables. Este nuevo episodio de corrupción muestra hasta qué punto el modelo productivo y energético está basado en la persecución del máximo beneficio al coste que sea.
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