Los menores y sus familias, en manos de peritos y funcionarios de los Servicios Sociales, son reducidos a meros expedientes desprovistos de humanidad, repletos de juicios morales subjetivos, sin apenas pruebas fehacientes que los sustenten, y cuyo único fin es perpetuar un sistema que no sólo es ineficaz sino que además de despilfarrar los recursos públicos, ignora la aplicación de las leyes e incluso las mismas directrices técnicas de las que se dota la administración.
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