La cantidad, bastante más elevada de la que los mismos obispos preveían en un principio -en la firma del contrato, se apuntaba a que se trataría de una auditoría ‘pro bono’, esto es, que no se cobrarían las horas trabajadas por personal del bufete, pero que sí se haría en el caso de dietas, viajes o encargos a agentes externos-, ha sido confirmada a RD tanto por fuentes de la entidad contratante (la CEE) como del despacho dirigido por Javier Cremades.
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