Los magistrados que voraton a favor de la decisión argumenan que las empresas online están en una situación de ventaja comparativa frente a negocios que tienen presencia física, afectando su crecimiento. Los gobiernos estatales afirmaban que estaban dejando de recibir miles de millones de dólares en ingresos anuales a consecuencia de una decisión de la Corte Suprema de 1992 que ayudaba a los negocios online evitar cobrar tales impuestos a las ventas.
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