La organización conservacionista Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) ha advertido a los cargos políticos y funcionarios que intervengan en la muerte decretada de 10 ejemplares de lobo en tres comarcas cántabras que pueden incurrir en responsabilidades administrativas y penales, incluida la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
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