Los ambientalistas relatan como la Xunta presuntamente favoreció a la compañía para la instalación de su central de biomasa en Curtis. Según su relato, la solicitud inicial era inviable, pues la norma entonces, aprobada por el bipartito, limitaba estas instalaciones a 10 megawatios. En dos meses, la mayoría del PP aprobó un cambio legal que eliminó ese límite. A continuación, a principios de 2017 la empresa presentó un nuevo proyecto en el mismo lugar y la misma potencia del primer proyecto.
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