Tras la retirada de la reforma del aborto de Gallardón, el Gobierno señaló que la interrupción del embarazo de menores sería modificada en la ley de protección a la infancia. El órgano consultivo recuerda que "una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica", que es como el Ejecutivo había planteado prohibir al aborto de las menores sin la autorización de sus padres.
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