Mantener a los diputados y senadores una vez que se disuelven las Cortes y deja de haber actividad parlamentaria tiene un coste para las arcas del Estado. En los dos últimos meses –desde que el 3 de mayo acabó la XI legislatura hasta la celebración de las elecciones generales, el 26 de junio–, las dos Cámaras se han gastado más de de cinco millones y medio de euros para afrontar el pago de los sueldos e indemnizaciones a los parlamentarios y exparlamentarios.
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