El Gobierno de España ha sido condenado a pagar 615.600 euros por privilegiar a la Iglesia Católica. Así de contundente se ha mostrado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras confirmar que el Estado favoreció a la confesión religiosa cuando le cedió, gratuitamente, la propiedad de una finca en Palencia que pertenecía a una empresa privada.
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